Recurrir a la tasación pericial contradictoria si Hacienda exige pagar más por el ITP por la compra de una vivienda
Otro perito realizará una nueva valoración del inmueble.
Un contribuyente puede recurrir a un procedimiento de tasación pericial contradictoria si hacienda le exige pagar más por el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) por la compra de una vivienda. En este caso, si la tasación aportada por el contribuyente difiere en más de un 10% o 120.000 euros de la aportada por la Administración, se designará a un tercer perito para que valore el inmueble. El Tribunal Supremo ha aclarado que la Administración autonómica tiene seis meses para resolver dicho procedimiento.
Pero, ¿qué sucede si se incumple este plazo?
El Tribunal Supremo ha aclarado que la finalidad de la tasación pericial contradictoria no es hacer prevalecer el valor indicado por el contribuyente, sino la de combatir y corregir la valoración de la Administración, tal y como se establece en el artículo 57.2 de la Ley General Tributaria. En algunos casos, la tasación pericial contradictoria concluye con la asignación de un valor intermedio al inmueble entre los propuestos por el contribuyente y la Administración.
El criterio fijado por el Tribunal Supremo es que el incumplimiento del plazo de duración máxima del procedimiento de tasación pericial contradictoria no determina que se "estime" la solicitud del contribuyente (silencio positivo) ni que se dé por buena su valoración.
¿Cómo se puede solicitar la tasación pericial contradictoria?
El contribuyente dispone de un mes desde que recibe la liquidación para solicitarla. Cada Comunidad Autónoma cuenta con un método para valorar las viviendas compradas, donadas o heredadas. Es necesario que un perito de la Administración valore el inmueble y a partir de esta valoración el contribuyente podrá optar que otra perito realice una nueva valoración.
Por otra parte, otra forma de reclamar es mediante la liquidación. Para ello, se debe interponer una reclamación económico-administrativa contra la liquidación, que resolverá el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) que corresponda. El plazo para interponer dicho recurso es de un mes.
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